Durante la fase intermedia del desarrollo del proyecto, el desarrollador preparará un expediente completo de due diligence dirigido a los posibles compradores. Asimismo, adoptará un enfoque proactivo en el mercado para evaluar el interés de los inversores y asegurarse de que la calidad de los proyectos cumpla con sus expectativas. El portafolio ya ha sido valorado sobre la base de estimaciones prudentes, con el objetivo de minimizar el riesgo de que los ingresos de la venta no sean suficientes para reembolsar el préstamo. En caso de incumplimiento, los inversores están protegidos por una prenda que cubre el 100 % de las acciones del prestatario, lo que garantiza la posibilidad de vender los proyectos y destinar los ingresos obtenidos al reembolso de los inversores. Además, Enerfip cuenta con un derecho de consentimiento previo sobre la venta de las sociedades vehículo del proyecto (SPV).

Este riesgo se refiere a la obtención de permisos, los derechos sobre el terreno y los posibles recursos de terceros que podrían retrasar o comprometer el avance del proyecto. Para mitigar su impacto, el Promotor del Proyecto aplica un proceso de desarrollo riguroso, basado en una selección minuciosa de los emplazamientos y un diálogo constante con las autoridades locales y las partes interesadas. El equipo, compuesto por expertos internos especializados en los ámbitos jurídico, técnico y medioambiental, cuenta con las competencias necesarias para gestionar eficazmente la fase de obtención de permisos. Además, se ha implementado un mecanismo de seguimiento del ratio loan-to-value (LTV), complementado con una prenda, con el fin de asegurar los rendimientos de los inversores en caso de retrasos o bajo rendimiento.

La normativa puede influir tanto en los plazos de desarrollo como en los ingresos futuros esperados de los proyectos. Hasta la fecha, las discusiones en curso apuntan a una mejora y clarificación del marco regulatorio aplicable al almacenamiento, especialmente en lo relativo a los mecanismos de remuneración a los que podrían acceder los proyectos. Además, el país se ha fijado el objetivo de duplicar su capacidad fotovoltaica en los próximos cinco años. Estas perspectivas, junto con los costes de construcción previstos, son factores clave para la determinación de los precios de venta de los proyectos. Con el fin de limitar los riesgos asociados a posibles cambios regulatorios desfavorables, se ha adoptado un enfoque prudente en la valoración de los proyectos, excluyendo, por ejemplo, cualquier subvención futura potencial no garantizada. El portafolio de proyectos también ha sido estructurado para maximizar la diversificación, lo que contribuye a una mejor gestión del riesgo. Paralelamente, el propietario de los proyectos realiza un seguimiento constante del entorno regulatorio tanto a nivel nacional como regional, lo que permite anticipar cualquier cambio jurídico o político. Esta vigilancia proactiva permite al equipo ajustar en tiempo real sus estrategias de desarrollo, manteniéndose alineado con la evolución del mercado y las exigencias normativas.